LA REDACCIÓN
18 DE FEBRERO DE 2015
ESTADOS
El sacerdote jesuita Javier Ávila.
Foto: Archivo
MÉXICO, D.F. (apro).- En una carta dirigida al gobierno de Chihuahua, organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación por la integridad y seguridad del sacerdote jesuita Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC (COSYDDHAC), quien es objeto de una campaña de difamación en la prensa local, que pone en riesgo su vida.
Ávila es un sacerdote con más de 30 años de labor en la Sierra Tarahumara, ha ganado reconocimientos internacionales por su trabajo como defensor de las comunidades indígenas, y desde 2008 ha acompañado a las víctimas de la masacre de Creel. Además, por las amenazas que ha recibido, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT) manifestó que como consecuencia del trabajo de Ávila con otras organizaciones defensoras de los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, sufre una campaña de difamación en su contra.
Estos acosos se dan a partir del conflicto por la construcción del Aeropuerto Internacional en la turística ciudad de Creel y el gasoducto El Encino-Topolobampo, ya que ejidatarios de San Ignacio Repechique e indígenas de la región se opusieron a dichos megaproyectos y se ampararon en la ley, debido a que no hubo una consulta previa como lo dictamina el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
A partir de ese amparo la prensa local empezó a hostigar al sacerdote jesuita y a las organizaciones serranas que acompañan a los rarámuris en ese proceso.
En noviembre de 2014, según el comunicado, El Heraldo de Chihuahua publicó notas con afirmaciones inexactas, y en de enero de este año el periódico El Mexicano informó de una supuesta demanda penal en contra de Ávila y las organizaciones.
La RedTDT señaló que esa campaña pone en riesgo la vida e integridad de los defensores y forma parte de la criminalización de la defensa de las comunidades rarámuris. Por lo mismo, exigieron al gobernador César Duarte que aclare los hechos ante los medios de comunicación y que, en caso de ser cierta la presentación de la denuncia penal, sea retirada de inmediato.
“Señor gobernador, tenemos conocimiento que usted ha sido informado a detalle de todo el proceso que se ha llevado adelante en el tema de la consulta a los pueblos indígenas y la doble problemática del aeropuerto de Creel y la instalación del gasoducto, asuntos que han propiciado dichas agresiones. También contamos con la información de que usted aclararía ante los medios de comunicación las inexactitudes y la falsedad de las afirmaciones en las notas periodísticas, lo que a la fecha no ha sucedido”, dice la carta pública.
Por lo menos 341 comunidades indígenas que se concentran en 25 centros tradicionales se verían afectadas por la construcción del gasoducto que pasa por cuatro municipios (Carichí, Bocoyna, Guazapares y Maguarichi), abarca 500 kilómetros de largo por cinco de ancho y, de acuerdo con la Consultoría Técnica Comunitaria, se planea que quede terminado en 2016, mientras que la pista y la construcción del Aeropuerto Creel ya están listos, sólo falta el mobiliario.
Fuente
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