26 Abril 2012, 08:05 AM
Por ABC.es
SANTO DOMINGO.- El Centro Bonó de Santo Domingo, regentado por los jesuitas, denunció la violación de los derechos de los braceros en la República Dominicana y exigió al Gobierno mejorar las condiciones laborales de ese sector.
"Un jornalero no puede cubrir sus necesidades mínimas con un ingreso inferior a los 129 pesos (2,50 euros) por día", expresó en un comunicado la institución, que denunció que la siembra y corte de la caña en el país se lleva a cabo en "condiciones de explotación" con jornadas, a veces, de doce horas durante siete días a la semana.
El organismo emitió su comunicado ante la apertura de una investigación por parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que envió una delegación a la República Dominicana para indagar acerca de denuncias efectuadas por el sacerdote anglo-español Christopher Hartley.
El religioso está en la actualidad fuera de la República Dominicana pero trabajó desde 1997 hasta 2006 en la parroquia de San José de los Llanos, en la oriental provincia de San Pedro de Macorís, entre los "bateyes" (aldeas enclavadas en medio de las plantaciones de azúcar).
El sacerdote ha divulgado desde hace años denuncias sobre el trato que las grandes empresas productoras dan a los trabajadores, en su mayoría haitianos, que se dedican a cortar la caña de azúcar.
Les ha acusado de tráfico de personas, trabajo infantil, discriminación racial y falta de asistencia sanitaria, así como de explotación, fraudes y abusos laborales.
Una delegación de la Oficina de Comercio y Asuntos Laborales (OTLA) del Departamento de Trabajo de EEUU se encarga de la visita de evaluación, prevista en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).
El Centro Bonó destacó, además, el progresivo debilitamiento o desaparición de los sindicatos debido a estrategias coercitivas de algunos patronos, lo que dificulta, a su juicio, a los trabajadores "demandar el respeto de sus derechos".
El organismo, en particular, llamó la atención sobre cientos de "ancianos que dedicaron su juventud y vida a la industria azucarera y ahora sólo esperan la muerte en los bateyes, la mayoría de los cuales no cuentan con servicios de salud y agua potable".
El centro propuso a las autoridades dominicanas que adopten medidas que aseguren el cumplimiento de la ley y la igualdad, el control de la situación en el sector por parte del Ministerio de Trabajo, sanciones "contra los empleadores abusivos", la concesión de pensiones a los trabajadores y la mejora de sus salarios.
jt/am
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